Es uno de los elementos clave en la lucha contra la corrupción. Se refiere a una institución o a sus gestores cuando se proporciona información suficiente sobre su actuación y se realiza sin ocultar información sobre qué y cómo se actúa, de manera que no haya dudas sobre su legalidad (Real Academia Española).
En la Unión Europea es un principio general del sistema institucional que implica transparencia en el proceso de decisión con el objetivo de reforzar el carácter democrático de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la Administración (Declaración 37 del Tratado de Maastricht).
Implica, en la Unión Europea:
- El Derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
- El diálogo abierto, transparente y regular de las instituciones con las asociaciones representativas y la sociedad civil, el intercambio público de opiniones con los ciudadanos y las asociaciones representativas, amplias consultas con las partes interesadas, etc. (artículo 11 del Tratado de la Unión Europea).
En España, implica la obligación de las entidades del sector público y privado obligadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de dar a conocer públicamente los datos más relevantes sobre su actividad, elementos económicos y presupuestarios, y facilitar a las personas el acceso a la información pública contenida en documentos y archivos.
Requiere:
- La transparencia de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas.
- La publicidad activa —no requiere solicitud — respecto a la información institucional, organizativa, de planificación y de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística.
- El derecho de acceso a la información pública sin la necesidad de motivar la solicitud, limitado exclusivamente en función de la naturaleza de la información o la existencia de conflicto con otros intereses protegidos (Ley 19/2013, de 9 de diciembre).
En el ámbito de Castilla y León, la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública y su reutilización y la participación en los asuntos públicos de la comunidad a través del Portal de Gobierno Abierto se regulan en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León.