Delito contra la Administración pública o contra la Administración de justicia, usualmente clasificado como una forma de corrupción en la medida en que se utilizan instituciones públicas para beneficio propio.
En los delitos 404 y siguientes del Código Penal se encuentran reguladas las formas de prevaricación de las autoridades o funcionarios públicos que: (i) a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo (art. 409 CP); y (ii) en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, proponga, nombre o de posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
Por otro lado, los artículos 446 y siguientes del Código Penal regulan la prevaricación contra la Administración de justicia, perpetrado, usualmente, por jueces, magistrados o secretarios judiciales.