Derecho reconocido jurídicamente a consultar datos e información esencial en poder de cualquier organismo público (Guía de Transparencia Internacional de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, 2009).
En España, derecho constitucional de todas las personas a acceder a la información pública, regulado en el art. 105.b de la Constitución Española y desarrollado en la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Cfr. Transparencia.