Término que surge en el marco de las entidades privadas y se expande hacia el sector público en la medida en que aumenta la preocupación sobre la lucha contra la corrupción.
Se refiere a la acción de emitir una alerta y, en una traducción literal, soplar el silbato. Quien lo hace, por tanto, es el whistleblower.
Tiene varias acepciones, de acuerdo con quiénes pueden ser un whistleblower, qué puede ser alertado, sobre quién y a quién se comunicará la información.
Transparencia Internacional define whistleblowing desde una perspectiva amplia como:
- “la alerta emitida por un empleado, director o tercero externo con la intención de revelar una situación de negligencia o abuso en las actividades de una organización, organismo gubernamental o empresa (o de uno de sus socios comerciales) que suponga una amenaza para el interés público, así como la integridad y prestigio de la organización” (Guía de Transparencia Internacional de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, 2009).
En la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, el whistleblowing se define de la siguiente manera:
- El denunciante: las personas que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido la información en un contexto laboral definidas en el artículo 3.
- La información: infracciones de Derecho de la Unión Europea del artículo 2.
- A quiénes se informa: a los canales internos y/o externos de información, así como a la ciudadanía mediante una revelación pública.
En la Ley 2/2023, de 20 de febrero, se mantiene esta definición de la Directiva (UE) 2019/1937 y se amplía sobre qué se puede informar, incluyéndose las infracciones penales y administrativas graves y muy graves.
Asimismo, el whistleblowing puede ser clasificado como “incentivado” o “no incentivado”.
El whistleblowing no incentivado depende de la expresión de voluntariedad de la persona informante, que no recibirá ninguna contrapartida por haber compartido la información. En todo caso, el whistleblowing no incentivado puede o debe incluir medidas de protección contra represalias. Asimismo, el whistleblowing no incentivado puede expresarse en sistemas en que hay la obligatoriedad de denunciar, como en el orden penal debido al artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El whistleblowing incentivado puede, por otro lado, incluir mecanismos de recompensas financieras, penales o procesales al informante, así como, en todo caso, medidas de protección contra represalias. Los supuestos de recompensas penales y procesales suelen ser aplicables a los informantes que también hayan tenido participación en la infracción comunicada (cfr. artículo 40 Ley 2/2023, de 20 de febrero)