Es un acto de corrupción en la medida en que, mediante un engaño deliberado, se intenta obtener una ventaja indebida o ilícita. En el sector público, el fraude puede ser caracterizado por el empleo o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos.
En el ámbito de la Unión Europea (UE), la lucha contra el fraude es clave en materia de protección de los intereses financieros de la UE (artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). A nivel europeo actúan la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas europeo, la Europol, Eurojust y, más recientemente, la Fiscalía Europea.