Estrategia que debe ser aprobada por el Gobierno en colaboración con las Comunidades Autónomas para, como mínimo, evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y de las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan identificado (Disposición adicional quinta, Ley 2/2023, de 20 de febrero).
La OCDE destaca que una estrategia anticorrupción implica:
- Su adopción por el Consejo de Ministros o mecanismo equivalente, que requiera un enfoque estratégico de todo el gobierno y un apoyo político amplio.
- La utilización de datos e indicadores fiables para la identificación de los riesgos relacionados a la corrupción.
- La elaboración de una estrategia anticorrupción fundada en los riesgos previamente identificados y que, definiendo los objetivos y prioridades, contenga un marco institucional, planes de acción, monitoreo y evaluación.
- La definición de las responsabilidades a partir de la coordinación entre las entidades del sector público.
- La implicación personal de altos cargos y autoridades de los niveles políticos y de gestión más altos.
- La promoción de una cultura de integridad pública y contra la corrupción en el conjunto de la sociedad (Manual de la OCDE sobre integridad pública, 2020).
Cfr. Sistema nacional de integridad